La vulneración de los derechos humanos en la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Gobierno
de Hugo Chávez
Hugo Chávez fue elegido Presidente de la República de Venezuela con el compromiso de una reforma del sistema político, siendo su primer logro la Constitución de 1999. Sin embargo, el golpe de Estado en abril de 2002, disolvió las instituciones democráticas, suspendió la legislatura y desarticuló el Tribunal Supremo, durando 40 horas hasta su fin con el regreso de Chávez al poder, pero él comenzó ha adoptar medidas que han debilitado las garantía constitucionales.[1]
La primera medida ha consistido en caracterizar el gobierno de Chávez por la discriminación política. Las acciones del gobierno ha incentivado a sus subornidados a adoptar medidas discriminatorias como: acusar a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas sin importar si tuvieran o no participación en el golpe de 2002; despedir opositores políticos de instituciones estatales; negarles el acceso a programas sociales; y promover la discriminación contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil.[2]
Ofensiva
contra la Independencia Judicial
En 2004, el Presidente Chavez y sus
partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del
Tribunal Supremo de Justicia, agregando 12 cargos a los 20 integrantes del
tribunal. Existen jueces de tribunales que han recibido fuertes presiones para
no emitir pronunciamiento que puedan disgustar al gobierno.[3]
En 2009, el Presidente Chavez exigió a una
jueza, Maria Lourdes Afiuni, quien dio libertad condicional a un conocido crítico
del gobierno, ella fue detenida y permaneció mas de un año en prisión
preventiva. Afiuni en la cárcel estuvo en prisión preventiva, en condiciones
deplorables y junto a personas que la amenazaban de muerte. Gracias a las
críticas de organismos internacionales se le otorgó, en febrero de 2011,
arresto domiciliario, y recién en noviembre de 2012, se inició su juicio, al
cual se rehusa a asistir.[4]
Ofensiva
contra la libertad de prensa
El gobierno de Chavez incremento su
capacidad de controlar el contenido de medios de radio, televisión y prensa del
país. Así, el gobierno intentó justificar sus políticas calificándolas de necesarios para “democratizar” los canales de señales abierta del país. Entre
las medidas amplió a seis el numero de canales de televisión administrados por
el gobierno, y a la vez de reducir la disponibilidad de medios de comunicación
que ofrecen una programación critica del gobierno.[5]
Luego, Globovision fue el único canal
importante que mantuvo una postura crítica al presidente. El gobierno inició
investigaciones administrativas contra Globovision en forma reiterada y como
resultado este canal ha estado expuesto al riesgo de suspensión o cierre, y
denunció penalmente al presidente del canal, uno de los dueños mayoritarios y
un comentarista invitado luego de que criticaran públicamente al gobierno.[6]
Otro ejemplo es RCTV, canal de televisión
más antiguo de Venezuela, el cual en noviembre de 2006, mostró un video que
aparecía el ministro de energía de Chávez diciendo a los empleados de la
companía petrolera estatal que debían renunciar a sus trabajos. Un mes más
tarde, RCTV dejaría de ser "tolerada" en las señales de aire
públicas; en mayo de 2007, dejó de transmitir frecuencias abiertas, pero
continuó como canal de cable; y enero de 2010, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) determinó que RCTV era un "productor nacional
audiovisual" y estaba sujeto a una serie de normas sobre radiodifusión.[7]
Unos días más tarde, el ministro de
comunicaciones de Chávez amenazó con iniciar investigaciones administrativas
contra la cableoperadoras que transmitieran canales. Desde ese momento, los
reiterados esfuerzos de RCTV por volver a registrarse ante CONATEL como un
canal de cable han sido infructuoso. En la actualidad, RCTV sólo puede verse
por Internet y ya no cuenta con un espacio de noticias por falta de fondos.
Y finalmente Globovisión, único canal de televisión crítico del gobierno en junio de 2011, fue el único canal de televisión que cubrió el motín carcelario, el Presidente Chávez respondió acusando al canal de "incend[ar] un país...con la única intención de derrocar a este gobierno". Poco después, CONATEL inició una investigación administrativa por la cobertura de Globovisión. En octubre, deteminó que el canal había "promov[ido] el odio por razones políticas y foment[ado] la zozobra en la ciudadanía", y le impuso una multa de US$ 2,1 millones.[8]
En la actualidad, existen otra siete
investigaciones administrativas pendientes contra Globovisión por señalar que
el gobierno no brindó al público información básica después de un terremoto y
otra por transmitir micros en los cuales se objetaba la intepretación que las
autoridades. Gracias a la Ley de Responsabilidad Social sancionada por el
Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional, se dió una segunda
decisión administrativa contra Globovisión, una multa millonaria, la suspensión
de la transmisión del canal o la revocación de su habilitación y concesión.[9]
Rechazo al examen de la situación de los derechos humanos
El gobierno de Chavez manifestó su repudio
al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, eludió cumplir
sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impidió
que la Comision Interamericana de Derechos Humanos efectuara una visit in loco
de los problemas de los derechos humanos.[10]
En septiembre de 2012, dijo que
denunciaría a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, una decisión que
priva a los venezolanos de un recurso para obtener reparación por abusos, ante
la inacción de la justicia. En 2008, el presidente detuvo por la fuerza y
expulsó en forma sumaria a representantes de Human Rights Watch luego que
presentaran un informe donde se documentaban violaciones de normas de derechos
humanos. Tambien procuro desacreditar a los defensores de derechos humanos.[11]
El caso de Rocío San Miguel, la defensora
de derechos humanos, quien en mayo de 2010 denunció en un programa de
televisión a militares de alto rango que a la vez eran miembros del partido político de
Chávez. Como respuesta fue acusada en televisión de ser "agente de la CIA"
y de "hacer llamados a la insurrección"; en la revista oficial de las
Fuerzas Armadas fue acusada de intentar un golpe de Estado en Venezuela; y una
denuncia penal por agrupaciones de jovenes que apoyan al partido político de Chávez
a la ONG "Control Ciudadano" que ella dirige.[12]
Otro caso es el de Humberto Prado, defensor de los derechos humanos, quien en junio de 2011 criticó al gobierno por su manejo en el motín carcelario. El ministro de Justicia de Chávez acusó a Prado de "desestabilizar el sistema penitenciario" y el vicepresidente manifestó que las críticas de Prado formaban parte de una "estrategia de desestabilización política...para intentar sacar provecho de esa situación". A los pocos días recibió amenazas anónimas que lo llevó a irse por dos meses, y al regresar de un viaje, recibió un correo electrónico con un documento adjunto de la Fiscalía General de la República, que indicaba que estaba siendo investigado penalmente por el delito de "traición".[13]
En conclusión, Hugo Chávez ingresó a la Presidencia de la República con la esperanza de realizar una reforma política que se vió transmitida en la Constitución Política de 1999, pero una vez que le dieron el golpe de Estado, que disolvió la Asamblea Nacional, vulneró los derechos humanos y desarticuló el Tribunal Supremo, Chávez fue reestablecido como presidente.
Sin embargo, Chávez inició un proceso en
el establecimiento de una dictadura en Venezuela, primero mediante la
discrimación política contra la oposición tildándolos de culpables del golpe de
Estado de 2002, sin importar si participaron o no, despedir a los opositores
políticos y negarles acceso a los programas sociales.
La segunda medida fue la ofensiva contra
la administración de justicia en 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios
en la Asamblea Nacional coparon políticamente el Tribunal Supremo, agregando 12
cargos a los 20 integrantes y se atacó a la jueza María Lourdes Afiuni por
liberar a un opositor político otorgándole libertad condicional, ella fue
detenida y permaneció buen tiempo en prisión preventiva, siendo amenazada de
muerte en la cárcel.
La tercera medida fue la ofensiva contra
los medios de comunicación, el gobierno de Chávez aumentó su capacidad de
controlar el contenido de radio, televisión y prensa del país. A RCTV se le
amenazó de quitarle el espectro de señales de aire a estaciones y canales
privado y a Globovisión, quien mantuvo una postura crítica al presidente, se le
inició investigaciones administrativas por incitar el derrocamiento del
gobierno chavista.
Y la ofensiva contra los organismos de
derechos humanos, el gobierno de Chávez manifestó su rechazó e incumplió
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en 2012,
Chávez dijo que denunciaría a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En el caso de los defensores Rocío San Miguel, quien denunció
vinculación al partido de gobierno de los altos mandos del Ejército, y Humberto
Prado, quien criticara al gobierno por el manejo en el motín carcelario, ambos
fueron denunciados de incitar un golpe de Estado contra el gobierno de
Chávez.
El
Gobierno de Nicolás Maduro
En la elecciones generales de Venezuela de 2013, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) informó con el 99,12% de los votos escrutados que
Maduro logró 7.505.338 votos, el 50,66 % (apenas 234.935 sufragios), mientras
que Capriles obtuvo 7.270.403 (49,07%), en la que participó el 78.71% de los
18,9 millones de venezolanos convocados a las urnas.[14]
Tras el anuncio de los resultados, el ministro de Defensa de
Venezuela, Diego Molero, manifestó que 'La Fuerza Armada no solo estamos pegados a la
Constitución, sino que somos garantes de que ese resultado lo respetemos y lo
hagamos respetar'. También cientos de personas afines al gobierno se congregaron
desde horas de la tarde ante el Palacio de Miraflores para celebrar lo que
esperaban un triunfo. Ante ellos, Maduro salió a decir que "Podemos decir que
tenemos un triunfo electoral justo, legal, constitucional, popular".[15]
Uno de los rectores del CNE, Vicente Díaz,
propuso el recuento del 100% de los votos físicos que el sistema electrónico
facilita como respaldo al voto electrónico. Como respuesta, Maduro dijo "Bienvenida
la auditoría, ya estaba estipulada la auditoría" y recordó que es "el
único lugar del mundo" en que se hace auditoría del 54% de las urnas en
cada elección. "Los más interesados en la auditoría somos nosotros, yo le
solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una
auditoría de cara al país", ratificó Maduro.[16]
Durante un intercambio telefónico
por 15 minutos entre entre Maduro con Capriles, según Maduro, el líder de la
oposición le propuso un "pacto",
"condicionando que el poder electoral cumpla su
papel e informe los resultados oficiales a una auditoría que pudiera durar
semanas", pero Maduro lo rechazó. [17]
En cambio, Maduro hizo un llamado a
la oposición para administrar el resultado ''con humildad" de la siguiente
manera: "Hago este llamado, con el espíritu de mi comandante y padre, Hugo
Chávez, por favor, sepan administrar el resultado que han obtenido con
humildad, sin prepotencia, sin retar a Venezuela entera, sin llamar a la
violencia".[18]
Por otro lado, el líder opositor, de
40 años, afirmó que el derrotado de las elecciones presidenciales ha sido
Maduro y su Gobierno. "Yo le digo al candidato del Gobierno: el derrotado
en el día de hoy es usted. Usted es el derrotado, usted y su Gobierno",
apuntó. Afirmó también, que él no hace pacto el el diablo y que su pacto es con
Dios y el pueblo venezolano.[19] Así se inaugura otra etapa de la Dictadura Chavista y un nuevo ciclo de vulneración de los derechos humanos en Venezuela durante la dictadura de Nicolás Maduro.
En conclusión, las elecciones generales de Venezuela de 2013, el CNE informó con el 99,12% de los votos escrutados, como ganador a Nicolás Maduro con el 50,66%, mientras Enrique Capriles obtuvo 49,07%.
El ministro de Defensa, Diego
Molero, aseguró que la Fuerza Armada era garante de los comicios y siguen la
Constitución.
Como respuesta, uno de los rectores
del CNE, Vicente Díaz, propuso el recuento del 100% de los votos y Maduro le
dió la bienvenida a la auditoría.
Asimismo, Maduro indicó que tuvo una
conversación telefónica por 15 minutos con Capriles, la cual éste le propuso un
pacto para que la CNE anunciara los resultados a una auditoría, pero Maduro la
rechazó.
Al final, Enrique Capriles rechazo
los resultados electorales de 2013, indicando que Maduro y su gobierno fue el
gran perdedor de las elecciones presidenciales, además indicó que nunca tuvo
una conversación, porque no haría pacto con el diablo, sino sólo con Dios y el
pueblo venezolano.
Human Rights Watch (2016) "Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela". Pág.
Redadas
policiales y militares a comunidades populares e inmigrantes
En el marco de las "Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo" (OLP), las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron 135 operaciones en comunidades populares para combatir bandas criminales, liberar al país de grupos armados vinculados con "paramilitares" colombianos y políticos de derecha, según funcionario gubernamentales.[20]
Pero la evidencia ha demostrado que
miembros de las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos que incluyen:
ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias,
desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de
ciudadanos colombianos.[21]
Las fuerzas de seguridad que han participado incluyen a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estatales.[22]
El primer caso es de la ciudadana colombiana Omaira del Carmen Ramírez y sus tres hijos, quienes vivían en "Caribe, del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela (GMVV), el 24 de agosto de 2015, fueron desalojados por las policías estatales y funcionarios de la oficina de vivienda del estado de Vargas, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.[23]
El segundo caso es de María Rojas,
ciudadana colombiana, quien el 22 de junio fue detenida durante la redada de la
operación OLP. Fue llevada al Fuerte Guaicaipuro, un establecimiento militar, y
las autoridades de migración le informaron que se presentara periódicamente,
pero ella regresó a Colombia. [24]
El tercer caso es de María Gómez, ciudadana colombiana, el 20 de octubre de 2015, membros de la Guardia Nacional ingresaron a la vivienda mientras ella mantenía una discusión con su esposo, le golpearon en el rostro, las piernas y el vientre. Poco tiempo después, regresó a Colombia.[25]
Y
el cuarto caso es de Marta López, en agosto de 2015, dos miembros de la Guardia
Nacional ingresaron en su peluquería y le advirtieron que entregara 50.000
bolívares o 70 000 dólares a cambio de no tuviera problemas, pero en la tarde
volvieron, la amenazaron con arma, la obligaron a tener sexo oral y le robaron
27.000 bolívares. López huyó a Colombia.[26]
Las acusaciones del Presidente Maduro y otros altos funcionarios contra los ciudadanos colombianos y a "paramilitares" de cometer delitos en Venezuela. En agosto, el gobierno informó que presuntos "paramilitares" habían atacado a tres miembros de la Guardia Nacional y Maduro declaró estado de emergencia en seis municipios del estado de Tachira. Entre agosto y septiembre de 2015, las fuerzas de seguridad venezolana deportaron a más de 1.700 ciudadanos colombianos, y al menos otros 22.000 abandonaron el país, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.[27]
Las OLP son operaciones
por las fuerzas de seguridad venezolanas, que incluyen a la Guardia Nacional
Bolivariana, la Policía Nacional Boliviariana, el SEBIN, el CICPC y otras miembros
de las fuerzas de seguridad.
Los casos de uso
ilegítimo de la fuerza por las fuerzas de seguridad incluye ciudadanos colombianos como: Omaira del Carme Ramírez fue detenida y redada su casa, una
beneficiaria del programa GMVV; María Rojas, fue detenida y llevada al Fuerte
Guaicaipuro; y Marta López, sobornada y robada por la Guardia Nacional.
Las acusaciones del
Presidente Maduro y otros altos funcionarios contra los ciudadanos colombianos
como "paramilitares" para cometer delitos en Venezuela. Se deben ha acusaciones sobre presuntos "paramilitares" en agosto que habían atacado a tres
miembros de la Guardia Nacional. Entre agosto y septiembre de 2015, la Oficina
de Coordinación de Asunstos Humanitarios de la ONU informó que deportaron a
1.700 colombianos y al menos otros 22.000 abandonaron el país.
Ofensiva contra el derecho de protesta
El 12 de febrero de 2014, miles de
personas en toda Venezuela participaron en marchas y manifestaciones pública en
protesta a las políticas del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En Caracas
y varias otras ciudades, se produjeros enfrentamientos violentos entre miembros
de fuerzas de seguridad gubernamentales y manifestantes. De todo ésto, tres
personas perdieron la vida, decenas resultaron heridas y cientos fueron
arrestadas.
Los miembros de las fuerzas de seguridad
que participaron incluyen a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la
Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo y fuerzas policiales
estatales, quienes cometieron abusos como: golpear violentamente a las
personas; disparar armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lagrimógenos
contra la multitud; disparar perdigones, deliberadamente y a quemarropa contra
personas que no estaban armadas.[28]
En los 45 casos de violaciones de derechos
humanos, hay testimonios de testigos, grabaciones de video,
fotografías y otras evidencias de uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos en las que las fuerzas de seguridad actuaron de manera abusiva y además sugiere que las víctimas no estaban
armadas y no eran violentas. Mas bien, en 13 casos persiguieron a personas que
habían estado tomando fotografías o filmando la represión, la mitad eran
periodistas profesionales y la otra manifestantes o transeúntes. No solo éso,
en la totalidad de los 45 casos hubo violaciones al debido proceso al mantener
a los detenidos incomunicados, negarles acceso a un abogado y sembrarles prueba
falsas. [29]
El Estado de Venezuela se ha caracterizado por violaciones de derechos humanos mediante las siguientes acciones: uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos; descalificaciones políticas por sus opiniones políticas reales o presuntas; impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por los miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo; implicaron violaciones de las garantías de debido proceso; numerosos fiscales y jueces hicieron caso omiso de evidencias quee los detenidos habían sido sometidos; y el Presidente Nicolás Maduro y la Fiscal General de la República, han reconocido que los miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales han cometido violaciones de derechos humanos. 3-4
En el caso de uso ilegítimo de la fuerza tenemos dos casos, el de William David Arma, de 29 años, fue detenido el 7 de marzo en su vivienda en Barquisimeto, recibió varios disparos con perdigones a quemarropa y fue sometido a golpiza por tres guardias nacionales con culatas de sus fusiles y con sus cascos. Otro caso es de Rodrigo Pérez, de 21 años, sintió el impacto de varios perdigones en su espalda y cabeza mientras ingresaba corriendo a un centro comercial en las proximidades y vio a los miembros de las fuerzas de seguridad gubernamental disparar contra civiles no armados.[30]
Los arrestos arbitrarios, el gobierno no presentó evidencias creíbles, una condición que estipula el derecho venezolano, sin embargo, los relatos de víctimas y testigos, grabaciones de video, fotografías y otras evidencias indican que los manifestantes participaban pacíficamente. El primer caso es de Luis Augusto Matheus Chirinos, de 21 años, fue detenido, el 21 de febrero, en Valencia por 10 miembros de la Guardia Nacional en la entrada donde estaba aguardando a un amigo y fue llevado a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde fue golpeado, amenazado y obligado a repetir Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela.[31]
El segundo caso es de José Romero, de 17
años, fue detenido el 18 de marzo cuando salía de una estación de metro
en el centro de Caracas, un Guardia Nacional le pidió su identidad y al
mostrar le propinaron una bofetada, lo llevaron a una carpa sin insignias, fue
amenazado de muerte, golpeado y sufrió quemaduras.[32]
En conclusión, la ofensiva contra el derecho a protesta del 12 de febrero de
2014, miles de personas en toda Venezuela participaron en marcha y
manifestaciones en protesta a la política del Presidente Nicolás Maduro. Los
miembros de las fuerzas de seguridad, hicieron uso ilegítimo de la fuerza
mediante a golpes y disparos. La evidencia testimonial, videos, fotografías y
otras muestran a la víctimas no estaban armadas y no eran violentas. Tenemos
los casos de uso ilegítimo de la fuerza como: William David Arma, detenido y
disparado a quemarropa; Rodrigo Pérez, recibió perdigones en su espalda y
cabeza por los miembros de las fuerzas de seguridad. Los casos de arrestos
arbitrarios, el de Luis Augusto Matheus Chirinos, detenido y golpeado por la
Guardia Nacional; y el de José Romero, fue detenido, golpeado y amenazado de
muerte.
Ofensiva
contra la libertad de prensa
La persecución a periodistas y otras personas que documentaron hechos de violencia por miembros de las fuerzas de seguridad con el argumento de menoscabar la reputación de las fuerzas de seguridad.
El primer caso es de Dayana Méndez Andrade, un periodista de 24 años, estaba en la manifestación en Barquisimetro el 20 de marzo, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lagrimógenos y perdigones. Ella intentó escapar, fue rodeada junto a otro fotógrafo Luis Rodríguez Malpica, de 26 años, por guardias nacionales y le dispararon perdigones en la pierna y cadera izquierda.[33]
También está el caso de Ángel de Jesús González, de 19 años, estaba tomando fotografías luego de una manifestación en Caracas el 12 de febrero, cuando cuatro hombres se acercaron y comenzaron a golpearlo sin motivo alguno y lo detuvieron.[34]
En conclusión, la
ofensiva contra la libertad de prensa se observa en la persecución a
periodistas y otras personas que documentaron hechos de violencia por miembros
de las fuerzas de seguridad. El primer caso de Dayana Méndez Andrade, fue
rodeada junto a otro fotógrafo y le dispararon perdigones en la pierna y cadera
izquierda. O el caso de Jesús González, quien tomaba fotografías y fue golpeado
sin motivo alguno.
La connivencia con pandilla partidarias al gobierno
La connivencia con pandillas armadas partidarias del gobierno atacaron a manifestantes, periodistas, estudiantes o personas que creían opositoras. Los colectivos es un término que se utiliza para organizaciones sociales que ayudan a implementar políticas del gobierno. La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó la adquiescencia y la inacción hasta la colaboración.[35]
El primer caso es de Wladimir Díaz, de 20 años, participó en la protesta, miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos llevaban armas cortas, recibió un disparo en el abdomen por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados.[36]
El segundo caso es de Sandro Rivas, de 30 años, retirado de una manifestación y se dirigía de regreso a su vivienda en una motocicleta y fue obligados a detenerse por cuatro hombres armados y un hombre de civil. Lo hicieron subir en la parte trasera de la camioneta, donde lo golpearon y les propinaron patadas reiteradamente, además de amenazarlos a muerte. Luego en el puesto de control de la Guardia Nacional, indicaron que Sandro habían estado "guarimbeando" y los guardias los arrestaron sin hacer ninguna pregunta.[37]
En declaraciones públicas, el 5 de marzo, el Presidente Maduro ha instando a grupos civiles leales al gobierno a: "...Estas bandas de guarimberos, fascistas, y violentos...yo les hago un llamado a la UBCh, a los consejos municipales, a las comunas, a los colectivos: candelita que se prende, candelita que se apaga". También el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, hizo un llamado a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh), un grupo civil que se formó, como instrumento del pueblo para la defensa de sus conquistas, para seguir luchando en la profundización de la Revolución Venezolana".[38]
En conclusión, existen
la connivencia con padillas armadas partidarias al gobierno que atacaron a
manifestantes, periodistas, estudiantes o personas opositoras. A las pandillas
armadas se les conoce como colectivos, ya que son organizaciones sociales que
ayudan a implementar políticas del gobierno.
El primer caso es de
Wladimir Díaz, participó en la protesta y miembros de las fuerzas de seguridad
en forma coordinada con más de 50 civiles le dispararon.
El segundo caso es de
Sandro Rivas, se dirigía de regreso a su vivienda en una motocicleta y fue
obligados a detenerse por cuatro hombres armados y un hombre de civil.
También tenemos las
declaraciones de autoridades del gobierno, como el Presidente Maduro que se
manifestó en contra de opositores políticos como guarimberos y violentos, y el del gobernador Carabobo, Francisco Ameliach, quien hizo un llamado a la UBC a defender la
Revolución Venezolana.
Abusos en el establecimiento penitenciario
En los establecimientos penitenciarios de Venezuela, se ha observado una grave crisis, personas detenidas incomunicadas por hasta 48 horas; abusos físicos mediante golpizas con puños, cascos y armas de fuego, descargas eléctricas o quemaduras entre otros abusos[39]; condiciones de hacimiento, según OVP, la población ha superado en un 190% la capacidad máxima de los centros penitenciarios; las condiciones de acceso a alimentos y salud ha empeorado; y vemos la aparición de presos y presas de conciencia como Leopoldo López, líder opositor al gobierno, y Rosmit Mantilla, activista LGTBI.[40] Veamos dos casos de abuso en los establecimientos penitenciarios.
El primer caso es de Maurizio Ottaviani Rodríguez, de 20 años, fue detenido el 28 de febrero cuando se retiraba de una manifestación en la Plaza Altamira de Caracas. Los guardias nacionales lo golpearon, lo patearon y lo pisotearon, fue obligado junto a 40 detenidos mujeres y tres menores a permanecer en un bus con las ventanas cerradas, lo golpearon a los rolos, amenazaron con arrojar cartuchos de gases lagrimógenos y dijeron que los enviarían a una cárcel para delincuentes, pero fueron llevados al Fuerte Tiurna, donde fueron incomunicados un día entero.[41]
El segundo caso es de Gengis Pinto, de 36 años, fue detenido mientras participaba en una manifestación contra el gobierno de San Antonio de los Altos, se intentó cubrir y recibió un disparo en la mano, perdió sangre y lo golpearon. Los guardias nacionales lo amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo, donde lo llevaron a un médico para examinarlo. Este médico dijo que debía recibir especialización médica, pero lo guardias hicieron caso omiso y regresó a la base militar. Después de 10 horas en el sol, finalmente fue trasladado a la clínica privada, donde fue operado.[42]
En conclusión, en los
establecimiento penitenciarios de Venezuela se están cometiendo abusos mediante
la incomunicación hasta por 48 horas de los presos, abusos físicos con cortes y
descargas eléctricas entre otros métodos abusivos, hay un hacinamiento de un
190% en los centro penitenciarios y la aparición de presos de conciencia. El
primer ejemplo es el caso de Maurizio Ottaviani, fue detenido, golpeado,
pateado y pisoteado por las fuerzas de seguridad. También está el caso de
Gengis Pinto, fue detenido y disparado en la mano, se le negó asistencia médica
y se le obligó a permanecer en el sol, al final se le llevó a una operación en
un clínica privada.
Ofensiva contra los defensores de los derechos humanos y descuido los derechos humanos
Hay una ofensiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos como blancos de ataques e intimidación. En abril de 2017, Humberto Padro Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue víctima de amenazas e insultos en su cuenta electrónica y redes sociales. [43]
De igual manera, en mayo de 2017,
Rigoberto Lobo Puentes, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Los Andes, recibió disparos de perdigones en la cabeza y la
espalda por agentes de policía y en junio, abogados Raquel Sánchez y Oscar
Alfredo Ríos, miembros de la ONG Foro Penal Venezolano, fueron atacados por un
grupo de encapuchados.[44]
Los derechos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transgénero e Intersexuales tuvieron en mayo de 2017 un avance,
la Asamblea Nacional aprobó declarar el 17 de mayo el "Día contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia". En agosto, el Ministerio del
Interior, de Justicia y el Ministerio Público que las personas podrían expresar
libremente su identidad de género. Pero no hubo avances en la legislación para
que las personas se cambiaran el nombre, el género y otros datos.[45]
Los derechos
de la mujer y niñas, la aplicación de la legislación de 2007 que penalizaba la
violencia de género continuaba siendo aplicada lentamente y las víctimas no
contaban con protección de casas refugio. Según el Ministerio Público indicaban
el 2015 de haber recibido 121.168 denuncias de violencia por motivos de género
y actuaciones penales en 19.816 y se dictaron medidas de protección civil.[46]
La falta de alimentos, como muestra son las siguientes cifras que hay una inflación del 552% en los productos alimentarios, el 12,1% de la población comía únicamente dos veces al día o menos, el 25% de los niños y niñas padecían de malnutrición y 73% de los hogares del país sufrían pobreza[47]. A esto se suma, la falta de medicamentos, el gobierno de Maduro se rehusa a aceptar ayuda internacional y proporcionar medicamentos, el deficiente servicio de salud público para enfermedades prevenibles y tratables como la malaria y la tuberculosis, los profesionales estimaron la escasez de medicamentos elevado en un 75% y la de medicamentos esenciales en un 90%.[48]
En conclusión, hay una ofensiva contra los
defensores de los derechos humanos, como el caso de Humberto Padro Sifontes
(OVP), fue víctima de amenazas e insultos en su cuenta electrónica y redes
sociales y Rigoberto Lobo Puentes (ODHULA), recibió disparos en la cabeza y la
espalda. De la misma manera, los derechos humanos están siendo vulnerados, los
derechos de la comunidad LGTBI se le otorgó un día contra la homofobia, transfobia
y bifobia, pero no hay avances en poder realizar cambios de nombre, género y
otros datos en sus documentos de identidad. Los derechos de la mujer y niñas,
hay una legislación de 2007 sobre violencia de género es aplicada lentamente y
no hay casas refugio para las víctimas de violencia de género. Y la falta de
alimentos, demostrado en la inflación de alimentos, la disminución de consumo
de alimentos o malnutrición y el aumento de la pobreza. A esto se suma, la
falta de aceptar la ayuda internacional y proporcionar medicamentos, los cuales
se han encarecido indican especialistas.
[1] Human Rights Watch
(2008) "Una Década de Chávez: Intoleranca política y oportunidades
perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Pág.1.
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0908spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[2] Human Rights Watch
(2008) "Una Década de Chávez: Intoleranca política y oportunidades
perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Págs.
2-3. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0908spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[3] Human Rights Watch
(05/03/2013) "Venezuela: El legado autoritario de Chávez". Venezuela.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[4] Human Rights Watch
(05/03/2013) "Venezuela: El legado autoritario de Chávez". Venezuela.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[5] Human Rights Watch
(2008) "Una Década de Chávez: Intoleranca política y oportunidades
perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Pág. 5
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0908spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[6] Idem. Pág. 5.
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0908spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[7] Human Rights Watch (05/03/2013)
"Venezuela: El legado autoritario de Chávez". Venezuela.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[8] Idem. https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[9] Ibidem.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[10] Ibidem.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[11] Ibidem.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[12] Ibidem.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[13] Ibidem.
https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[14] La
Vanguardia (15/04/2013) "Nicolás Maduro gana las elecciones en
Venezuela". Internacional.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130415/54371220790/nicolas-maduro-elecciones-en-venezuela.html
[15] Público/EFE (15/04/2013)
"Nicolás Maduro gana de forma ajustada las elecciones en Venezuela".
Internacional.
http://www.publico.es/internacional/nicolas-maduro-gana-forma-ajustada.html
[16] La
Vanguardia (15/04/2013) "Elecciones en Venezuela: Maduro acepta una
auditoría de votos tras hablar con Capriles". Internacional.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130415/54371220834/elecciones-venezuela-maduro-auditoria-votos-capriles.html(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[17] La
Vanguardia (15/04/2013) "Elecciones en Venezuela: Maduro acepta una
auditoría de votos tras hablar con Capriles". Internacional.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130415/54371220834/elecciones-venezuela-maduro-auditoria-votos-capriles.html
(Consultado: 12 de
Septiembre de 2017).
[18] La
Vanguardia (15/04/2013) "Elecciones en Venezuela: Maduro acepta una
auditoría de votos tras hablar con Capriles". Internacional.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130415/54371220834/elecciones-venezuela-maduro-auditoria-votos-capriles.html
(Consultado: 12 de
Septiembre de 2017).
[19] La
Vanguardia (15/04/2017) "Capriles asegura que los derrotados son Maduro y
su Gobierno". Internacional.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130415/54372410221/capriles-derrotados-maduro-gobierno.html(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[20] Human Rights Watch
(2016) "Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades
populares y de inmigrantes en Venezuela". Pág.1.
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[21] Idem. Pág.1. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[22] Ibidem. Pág.1. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[23] Ibidem. Pág. 36.
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[24] Ibidem. Pág. 36.
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[25] Ibidem. Pág. 40.
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[26] Ibidem. Pág. 40 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0416_spweb_0.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[28] Human Rights Watch (2014) "Castigados
por Protestar: Violaciones de derechos en las calles, centros de detención y el
sistema de justicia en Venezuela". Págs. 8-9.
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[29] Idem. Págs. 8-9. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[30] Ibidem. Pág.
10https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[31] Ibidem. Pág. 12
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[32] Ibidem. Pág. 12
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[33] Ibidem. Págs. 13-14.
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[34] Ibidem. Págs. 13-14
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf (Consultado:
12 de Septiembre de 2017).
[35] Ibidem. Págs. 14-15.
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[36] Ibidem. Pág. 15
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[37] Ibidem. Pág. 16
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[38] Ibidem. Págs. 16-17
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[39] Human Rights Watch (2014) "Castigados
por Protestar: Violaciones de derechos en las calles, centros de detención y el
sistema de justicia en Venezuela". Págs. 18. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[40] Amnistía
Internacional (2017) "Informe 2016/2017 Amnistía Internacional: La
situación de los derechos humanos en el mundo". Pág. 461. https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[41] Human Rights Watch (2014) "Castigados
por Protestar: Violaciones de derechos en las calles, centros de detención y el
sistema de justicia en Venezuela". Págs. 18.
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[42] Ibidem. Pág. 19
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0514sp_ForUpload.pdf
(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[43] Amnistía
Internacional (2017) "Informe 2016/2017 Amnistía Internacional: La
situación de los derechos humanos en el mundo". Pág. 463.
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[44] Idem. Pág. 463.
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[45] Ibidem. Pág. 463.
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[46] Ibidem. Pág. 463.
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
[47] Las cifras son según:
La Coalición de Organizaciones por
el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), el Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (CENDA), el Observatorio Venezolano de Salud y la Fundación Bengoa
para la Alimentación y Nutrición.
[48] Ibidem. Pág. 464.
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/(Consultado: 12 de Septiembre de 2017).
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