Las Conclusiones de las Comisiones Nacionales de la Verdad y Reconciliación de Argentina, Perú y Sudáfrica sobre la Violencia
Por: Marco Roncagliolo
La CONADEP (Comisión Nacional sobre
la Desapareción de Personas) se creo el 15 de diciembre de 1985, en el Decreto
Presidencial No. 187/83 durante el presidente de Argentina Raúl Alfonsín. [1]
Las funciones específicas y
taxativas estaban dispuestas en el artículo 2 eran las siguientes: Recibir
denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la
justicia; Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas;
Determinar la ubicación de niños sustraidos de los padres o guardadores;
Denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o
destrucción de elementos probatorios; y Emitir un informe final.[2]
Se estima en 8.960 el número de personas en situación en desaparición forzosa, sobre las denuncias recibidas por esta Comisión. La metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero es a partir de esa fecha, en que las fuerzas usurparon el poder obtuvieron el control absoluto.[3]
Los centros clandestinos de detención eran aproximadamente 340. Estos centros clandestinos estaban dirigidos por altos oficiales de las FFAA y de seguridad. Los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, sometidos a toda clase de tormentos y humillaciones, según la nómina provisoria de 1.300 personas que fueron vistas en alguno de los centros clandestinos.[4]
La víctimas en condición de desaparecids se encuentra de los más diversos campos de la actividad social: Obreros (30.2%); estudiantes (21.05%); empleados (17.9%); profesionales (10.7%); docentes (5.7%); autónomos y varios (5.0%); amas de casa (3.8%); conscriptos y personal subalterno de FF. de seguridad (2.5%); periodistas (1.6%); actores, artistas, etc. (1.3%); y religiosos (0.3%).[5]
El "Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra Contra la Subversión y el Terrorismo" indica que la subversión reclutó veinticinco mil efectivos de los cuales quince mil estaban "técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar". A pesar de todo, parece de validez la afirmación de que la subversión y el terrorismo se derrotó a algunas organizaciones terroristas, pero en cambio "implantar un sistema de terror institucionalizado"; y "vulnerador de los elementos principios éticos y morales inherentes a la persona humana".[6]
La Conadep formó 7.380 legajos "de denuncias de familiares de desaparecidos, testimonios de liberados de los centros clandestinos de detención y declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad. La Comisión hizo inspecciones de distintos puntos del territorio nacional, recabó información a las FFAA y de Seguridad y a diversos organismo públicos y privados.[7]
En las recomendaciones y conclusiones indica: Se acelere los trámites a remitir a la justicia la documentación; el Poder Judicial agilice los trámites investigativos y de denuncias; se dicten normas para los hijos y/o familiares de personas desaparecidas; becas para destudio; puestos de trabajo; y sancionar normas a declarar crimen de lesa humanidad la desaparición forzada; apoyar el reconocimiento y la adhesión de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos; establecer enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los Derechos Humanos; y derogar la legislación represiva.[8]
CVR de Sudáfrica
El Reporte de la Comisión de
la Verdad y la Reconciliación (la Comisión) consiste de cinco volúmenes con un
foco particular. Es importante recalcar que hay volúmenes adicionales que con
base a las audiencias de amnistía y resultados; resúmenes de las declaraciones
de la gente que sufrió violaciones a los derechos humanos; todos los nombres de
las víctima incluido el detalle de las violaciones.
El arzobispo Desmond Tutu, el presidente de la Comisión, indicó que algún criticismo contra la Comisión fue legítimo, pero éstos fueron simplemente puntos políticos, irgnorando los hechos. Finalmente, hace una apelación para la tolerancia y la reconciliación: "Habiendo mirado a la bestia del pasado..., habiendo preguntado y recibido perdón y habiendo hecho enmiendas..., no con el objeto de olvidar pero con el objeto de no dejar que nos aprisione'.
El Apartheid según la Comisión fue "un sistema de forzada discriminación racial y separación, fue un crimen contra la humanidad..."
A Nivel Nacional, se esquematiza el contexto social y político del conflicto sudafricano, el rol del racismo y el transfondo político. La vista general hubo estrategias de insurgencia y de contra-insurgencia, desde la represión interna y la emergencia de movimientos de oposición (1960-1064); la racionalización del conflicto (1974-1978); el colapso del límite y la reaparición de la oposición interna (1974-1978); la estrategia total, desestabilización y resistencia regional (1979-1984); la guerra llega al hogar (1985-1989); y la fase transicional (1990-1994).
El Estado dentro de Sudáfrica (1960-1990) se puede trazar las diferentes formas de violaciones realizadas por el Estado. Éstas incluyen prohibición y expulsión; ejecuciones judiciales, órdenes de políticas públicas, el uso de fuerzas auxiliares, tortura y asesinatos de personas en custodia; otros métodos fueron la silla imaginaria, choque eléctrico y incidentes de tortura sexual.
Los movimientos de Liberación de 1960 hasta 1990, describe en el ANC, el PAC, el Ejército Nacional de LIberación de Azania y el Movimiento Democrático Masivo. A nivel internacional se reconocen como movimientos de liberación que conducían luchas legítima contra el antiguo gobierno de Sudáfrica y sus políticas del Apartheid. A pesar de todo, el ANC, sus órganos del Concejo Ejecutivo Nacional (NEC), el Comité de Trabajadores Nacional (NWC), el Concejo Revolucionario (RC), el arma armada Umkhoto weSizwe (MK) y el PAC y sus formaciones Poqo y el Ejército de Liberación Popular de Azania (APLA), cometieron graves violaciones de los derechos humanos en sus actividades políticas y las luchas armadas.
La Tierra de 1960 a 1990, el desarrollo de las fuerzas de la policía de tierras y ejércitos y su rol en el conflicto, incluyendo la Revuelta de Pondoland, eventos en Ciskei, el nacimiento de Inkhata y KwaZulu en 1970 y su caída con el ANC; los inicios de la violencia institucionalizada con Inkatha; la colusión de Inkhata con las Fuerzas de Seguridad de Sudáfrica a finales de 1980.
Las investigaciones especiales incluyen:
· La
muerte del presidente Samora Machel, trajo preguntas sobre la posibilidad de un
indicio falso y la ausencia de advertencia de las autoridades
sudafricanas;
· el
choque Helderberg, el Director de Aviación Civil no aseguró toda la
documentación y las grabaciones por la regulación FEA, testigos del choque no
fueron llamados para dar evidencia ante la Comisión Margo y no se llamó a
miembros de Amscor para dar evidencia;
· la
Guerra Química y Biológica, la Comisión encontró que los científicos fueron
reclutados por el programa CBW de universidades e instituciones de Sudáfrica y
el Dr. Basson, dirigía el comando militar y era el cirugano general del Dr.
Knobel, el programa CBW hizo a los individuos enriquecerse y abrió una camino
de subversión cínica en la producción de armas de muerte para uso contra
individuos;
· Inversión
Secreta Estatal, concluyó que hubieron guías clara sobre la naturaleza y
extensión de los fondos reportados al Parlamento de manera regular.
Negocios y Labor, explora el periodo
de mandato de los negocios de blancos, de negros y el trabajo. El
involucramiento de los negocios en el Sistema Nacional de Administración de
Seguridad (NSMS). Se concluye que no hay duda que los negocios pudieron y
debieron jugar un rol más creativo en el desarrollo de la nueva reconstrucción
y el desarrollo de programas.
La comunidad de la fé explora las
comunidades de la fé en Sudáfrica y su rol durante el periodo de mandato por la
Comisión y explora el rol como agentes de opresión. Se concluye que muchas
comunidades de fé miraron a la sociedad del Apartheid, entregandose a las
mentiras de sus profesiones a una lealtad que transciende las divisiones
sociales. La militancia de capellanía es discutida se estableció como las manos
de la militancia y el engranaje en la maquinaria del Apartheid.
La comunidad legal se concluye que hubo una pérdida de independencia en los magistrados y sus recuento dismal como sirvientes del Estado del Apartheid en el pasado.
El Sector de Salud la Comisión subraya el problema de los trabajadores de la salud con doble obligaciones. El rol de los Servicios de Medicina en Sudáfrica se hayaron que no lograron mantenerse con los estándares internacionales de la ética médica y los derechos humanos. Se describe el mal uso de la información médica y científica, la disparidad en la educación entre los estudiantes de medicina blanco y negro.
El Servicio Militar Compulsorio describe las circunstancias en el cual el auge del aislamiento social de la juventud blanca. La discusión de desorden de estrés pos-traumáticos como: alcoholismo, suicidio.
Los Niños y la Juventud provee de un foco del impacto del Apartheid en la niñez y la juventud como víctimas y testigos de las graves violaciones de derechos humanos. La data demuestra que las víctimas eran entre 13 y 24 años de edad; los efectos han continuado como en constante casos de tristeza hasta no parar de llorar; y los que crecieron bajo las condiciones de violencia llevan las marcas de sus experiencias hasta la adultez, pero también, el periodo de lucha creció la resilencia, la sabiduría, el liderazgo y la tolerancia, mostrando que hombres y mujeres han logrado convertirse en personas de gran notoriedad y han mostrado extraordinaria generosidad y tolerancia a los opresores en un espíritu de reconciliación.
Los Medios tuvieron un rol en las organizaciones de medios de comunicación. Describe que entre 1975 y 1985. Los resultados arrojaron que los medios de la línea de lengua inglesa, adoptaron una política de apaciguamiento hacia el Estado, asegurando su autocensura; los medios Afrikaans bajo P. W. Botha prefirieron proveer de apoyo al Apartheid y a las actividades de las fuerzas de seguridad; emplearon prácticas de la industria de las noticias, reflejando la discriminación de raza y de género; el SABC co-operó con las fuerzas de seguridad concientemente y co-operó con el SAP y los espías de la SADF.
Las Cárceles, la Comisión reporta que los testimonios de prisioneros políticos mas que detenidos. En la sección de mujeres, las condiciones eran deningrantes, sujetas a incomodidades físicas y tortura y extremo tormento mental. El testimonio de Ms. Zahrahh Narkedien indica que su alma fue deborada por los sonidos horribles y nunca regresaré a mi estado normal; y Paula McBride, cita las palabras de Ms. Machabane Theresa Ramashamola, miembro de los Seis de Sharperville dijo: "En este momento, yo no quiero vivir...si ellos me hubieran colgado en este momento, hubiese sido mucho mejor..."
La comunidad legal se concluye que hubo una pérdida de independencia en los magistrados y sus recuento dismal como sirvientes del Estado del Apartheid en el pasado.
El Sector de Salud la Comisión subraya el problema de los trabajadores de la salud con doble obligaciones. El rol de los Servicios de Medicina en Sudáfrica se hayaron que no lograron mantenerse con los estándares internacionales de la ética médica y los derechos humanos. Se describe el mal uso de la información médica y científica, la disparidad en la educación entre los estudiantes de medicina blanco y negro.
El Servicio Militar Compulsorio describe las circunstancias en el cual el auge del aislamiento social de la juventud blanca. La discusión de desorden de estrés pos-traumáticos como: alcoholismo, suicidio.
Los Niños y la Juventud provee de un foco del impacto del Apartheid en la niñez y la juventud como víctimas y testigos de las graves violaciones de derechos humanos. La data demuestra que las víctimas eran entre 13 y 24 años de edad; los efectos han continuado como en constante casos de tristeza hasta no parar de llorar; y los que crecieron bajo las condiciones de violencia llevan las marcas de sus experiencias hasta la adultez, pero también, el periodo de lucha creció la resilencia, la sabiduría, el liderazgo y la tolerancia, mostrando que hombres y mujeres han logrado convertirse en personas de gran notoriedad y han mostrado extraordinaria generosidad y tolerancia a los opresores en un espíritu de reconciliación.
Los Medios tuvieron un rol en las organizaciones de medios de comunicación. Describe que entre 1975 y 1985. Los resultados arrojaron que los medios de la línea de lengua inglesa, adoptaron una política de apaciguamiento hacia el Estado, asegurando su autocensura; los medios Afrikaans bajo P. W. Botha prefirieron proveer de apoyo al Apartheid y a las actividades de las fuerzas de seguridad; emplearon prácticas de la industria de las noticias, reflejando la discriminación de raza y de género; el SABC co-operó con las fuerzas de seguridad concientemente y co-operó con el SAP y los espías de la SADF.
Las Cárceles, la Comisión reporta que los testimonios de prisioneros políticos mas que detenidos. En la sección de mujeres, las condiciones eran deningrantes, sujetas a incomodidades físicas y tortura y extremo tormento mental. El testimonio de Ms. Zahrahh Narkedien indica que su alma fue deborada por los sonidos horribles y nunca regresaré a mi estado normal; y Paula McBride, cita las palabras de Ms. Machabane Theresa Ramashamola, miembro de los Seis de Sharperville dijo: "En este momento, yo no quiero vivir...si ellos me hubieran colgado en este momento, hubiese sido mucho mejor..."
La CVR del Perú
"La CVR ha constatado que el
conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el
episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la
historia de la República."
La CVR estima que la cifra de víctimas fatales de la evidencia es de
68,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas
por el Perú en todas la guerras externas y guerra civiles en sus 182 años de
vida independiente.
La población campesina fue la principal víctima, el 79 por ciento vivía
en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba de actividades agropecuarias. El
proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades
de índole étnico-cultural. El análisis de testimonios recibidos
resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado
interno tenían al quechua u otra lenguas nativas como idioma materno.
Las responsabilidades del conflicto, la CVR considera causa principal y
fundamental la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado
Peruano. El PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de
derechos humanos. Sustentó en una ideología de carácter fundamentalista,
centrada en una rígida preconcepción de carácter del devenir histórico,
encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y reñida
con todo valor humanitario.
El Pensamiento Gonzalo reflejó el culto a la personalidad de Abimael
Guzmán Reinoso, fundador y dirigente de la organización, la encarnación del
pensamiento más elevado en la historia de la humanidad. Adoptó la estrategia
orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas
desproporcionadas por parte del Estado sin tomar en cuenta el profundo sufrimiento
que ello ocasionaba a la población que decía luchar.
Las características terroristas del PCP-SL que se desplegaron a través
de ajusticiamientos realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras
manifestaciones delictivas, incluido el uso de coche-bombas en las ciudades.El
principal escenario del conflicto fueron las zonas rurales, pero no se tomó en
cuenta las necesidades y aspiraciones económicas del campesinado, ni sus
organizaciones propias ni sus especificidades culturales. La disidencia individual
en la masa llevó a asesinatos y aniquilamientos selectivos, y la desidencia
colectiva condujo a las masacres y arrasamiento de comunidades enteras. La
respuesta contrasubversiva del Estado revivió y militarizó viejos conflictos
intracomunales e intercomunales. Su guerra campesina contra el Estado se
convirtió en muchos casos en enfrentamientos entre campesinos. La destrucción
el viejo Estado desde sus cimientos implicó el asesinato de autoridades locales
y autoridades nacionales. Del total de reportes recibidos por la CVR sobre
víctimas fatales causadas por el PCP-SL, el 12 por ciento eran autoridades.
Además, el PCP-SL incurrió en el asesinato masivo de dirigentes sociales,
hombres y mujeres, dirigentes comunales, alcaldes varas, dirigentes campesinos,
sindicales, barriales, magisteriales y de organizaciones de mujeres.
31. La CVR hace notar la profunda
irresponsabilidad y menosprecio del PCP-SL hacia sus propios militantes, a
quienes se inducía a matar y a morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras
que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reinoso, permanecían
en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo
el conflicto. Esta incongruencia se expresó de la manera más patente cuando,
tras ser capturado, Abimael Guzmán Reinoso abandonó casi inmediatamente la
tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto
con un re-conocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial
de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
Acción Popular
La CVR hace un reconocimiento a las víctimas del partido de Acción Popular que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la violencia. El escenario difícil por la complejidad del Estado sobredimensionado legado por el gobierno militar por la debilidad de un sistema de partidos sin vida democrática significativa, por las relaciones cívico-militares marcadas por la distancia y la desconfianza y por la existencia de una izquierda de gran tamaño y radicalidad.
El número de acciones subversivas armadas, el gobierno de Acción Popular y la oposición perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos a partir a sus propias agendas políticas. El gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con las fuerzas policiales, divididas en tres instituciones sin coordinación entre ellas, desprovistas de equipamiento básico y sin el respaldo de una política contrasubversiva coherencia generaron.
A fines de 1980, el gobierno de Acción Popular inició un proceso de militarización con el establecimiento de comandos político-militares y ante la inoperancia del poder político para contribuir en la lucha contrasubversiva en los campos no militares. Los campos político-militares y la intervención de las fuerzas produjo como consecuencia numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y/o generalizada.
Las numerosas denuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil es el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu y Cabitos, ese período el Parlamento, con mayoría del partido de gobierno, no nombró ninguna comisión investigadora. La única comisión investigadora fue nombrada por el Ejecutivo para investigar la matanza de ocho periodistas en la comunidad Ucchuraccay.
Las cifras entre 1983 y 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes de todo el conflicto y la cruenta respuesta oficial, dejaron 19,468 víctimas fatales, 28 por ciento del total estimado para todo el conflicto armado interno.
Partido Aprista Peruano
La CVR ha un reconocimiento especial a todas las víctimas pertenecientes al Partido Aprista Peruano (PAP), muchas fueron autoridades locales a pesar de la intensidad de la violencia. El esfuerzo del gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa.
La estrategia subversiva tuvo el objetivo explícito fue derrocar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a la regiones más pobres. esta política de respeto a los derechos humanos y de denuncia de las violencias de los mismos en las sanciones aplicadas a los jefes militares responsables de la matanza de Accomarca y se creó una Comisión de Paz y en el campo de la unificación policial y la creación del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, la grave responsabilidad política en el gobierno del PAP en relación con estos casos. La llamada la "masacre de los penales" ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986 en los centros penitenciarios de Lurigancho y El Frontón marcó una inflexión en el esfuerzo del gobierno de PAP. El encubrimiento de la matanza de Cayara, ocurrida en mayo de 1988, fue la nueva actitud del partido de gobierno frente de las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva y la comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presidida por el parlamentario PAP Carlos Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban, y la investigaciones de la CVR la matanza de Cayara y la responsabilidad política en el PAP.
El gobierno del PAP puso en marcha un proceso de organización de las tres instituciones políticas existentes. El PAP tuvo un mayor interés de contorlar a la policía a través del Ministerio del Interior. Además, se crearon nuevas unidades como la Dirección de Operaciones Especiales (DOES), preparaba para la lucha contrasubversiva y se fortaleció el trabajo de inteligencia contra el terrorismo.
La aguda crisis económica y política, a partir de 1988 favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas y la vorágine de la violencia. El fracaso del programa económico y el inicio de la hiperinflación llevaron de grave inestabilidad en el país. El fallido intento, el gobierno perdió el respaldo de los grupos empresariales y financieros del país.
Los escuadrones de la muerte y comandos paramilitares utilizados contra presuntos subversivos. La aparición del "Comando Rodrigo Franco", el enfrentamiento entre la patrulla del Ejército y una columna del MRTA de Los Molinos, el ataque del PCP-SL al puesto policial de Uchiza, la vacancia de los cargos municipales en 1989 y el escape de los miembros del MRTA del penal Castro Castro en 1990. La CVR concluye que el gobierno perdió el control de la política contrasubversiva, salvo en algunas áreas del trabajo policial como el Grupo Especiales de Inteligencia (GEIN) que rendiría los mayores frutos.
Alberto Fujimori
En las elecciones presidenciales de 1990, que se produjeron la crisis generalizada, el desprestigio de los partidos y la pérdida de confianza. Para enfrentar dos grandes problemas, la crisis económica y el avence de la subversión: se encargó los asuntos económicos a grupos de tecnócratas, se asumió la estrategia subversiva de las fuerzas armadas y se convocó a operadores de inteligencia militar, el más conocido fue Vladimiro Montesinos, el nuevo régimen comenzó a fortalecer el Servicio de Inteligencia Nacional y se aseguró la lealtad de las cúpulas militares para su gestión.
A partir de 1992, la nueva estrategia contrasubversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las organizaciones político-administrativa (OPA) de los grupos subversivos. El escuadrón de la muerte denominado "Colina", responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y mascres con crueldad y ensañamiento. Existen indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado "Colina".
La DINCOTE, la experiencia desde fines de la década anterior y el énfasis en el trabajo de inteligencia, que desembocaron en la captura de Víctor Polay, principal dirigente del MRTA, y en la de Abimael Guzmán, miembro del Buro Político del Comité Central del PCP-SL, el 12 de septiembre de 1992. Las capturas fueron utilizadas por el gobierno para réditos electorales, mas no para acelerar la derrota de la subversión.
El Operativo Chavín de Huanta, que realizó para rescatar a las personas secuestradas por el MRTA en la residencial del embajador del Japón en diciembre de 1996. Hay un reconocimiento del Estado a rescartar a los rehenes recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos, y rinde homenaje a los miembros del Ejército fallecidos. Pero condena las ejecuciones extrajudiciales que se habían producido injustificadas por tratarse de personas rendidas y el rechazo de la opinión pública a la imágenes del Alberto Fujimori paseándose entre los cadáveres en la residencia.
Los medios de comunicación, sirvieron para crear y recrear exageradamente el terrorismo como una amenaza, para justificar el autoritarismo del régimen y para desprestigiar a los opositores. La interceptación telefónica a políticos opositores, el acoso al periodismo independiente y la perversión final de la mayoría de los medios de comunicación, los atentados y crímenes contra los miembros del propio SIN, son el sello del gobierno autoritario de Alberto Fuijmori.
Los últimos años del gobierno de Fujimori manipuló el conflicto armado para su permanencia en el poder. Ello logró sumir al país en una nueva crisis económica, corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucional y la desconfianza en la esfera política.
Los Partidos de Izquierda
La Izquierda Unidad (IU) fue la segunda fuerza electoral durante la década de 1980, tuvo representación en el Parlamento, responsabilidades de gobierno locales y gobierno regionales. Una década anterior (1970), la IU compartieron diversos matices un discurso y una estrategia que privilegiaba la toma del poder por la vía de la lucha armada, pero las grandes movilizaciones y apertura democrática de fines de 1970, las llevó a valorar positivamente la vía electoral y la democracia representativa.
La ideología de la mayoría de los partidos miembros de la IU tuvieron una actitud ambigua frente a las acciones del PCP-SL e hizo difícil luchar ideológicamente contra las concepciones violentistas del PCP-SL o del MRTA.
Las denuncias de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado, no dio el mismo tratamiento a aquellas cometidas por los grupos subversivos por el MRTA y en el plano político, el sectarismo y la ineficiencia de los partidos y de las independentistas, así como la dificultad de poner los intereses del país, impidió ser una alternativa de transformación pacífica y democrática a sus militantes y al país.
Se resalta el papel positivo de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos por parte de IU, tanto de sus partidos integrantes como de las organizaciones sociales en las cuales tenía presencia y de sus representantes en el Parlamento, que tuvieron unn destacado papel en las comisiones investigadores del Congreso.
Recomendaciones
El Perú ha vivido una experiencia singular y decisiva, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, en las últimas décadas, una ideología totaritaria y demencial, pequeños grupos se alcanzaran en armas y declararon la guerra a toda la sociedad peruana.
El PCP-SL cometió una inmensidad de crímenes cometidos, iniciador del conflicto y principal responsable del crecido número de víctimas. La respuesta del Estado a esta guerra irracional ante nosotros comportamientos censurables que ocasionaron dolor y heridas a miles de compatriotas.
La indiferencia con decenas de miles de hermanos por ser andinos, quechuahablantes, pobres, poco educados. La CVR, sus trabajos y su Informe Final tienen que ser mirados como una nueva y afortunada ocasión han dado sentido a la reconciliación. La necesidad de cerrar la brechas entre los peruanos, brechas de todo orden: sociales, económicas, culturales, raciales, de género y expresan el alejamiento de la justicia y de la solidaridad.
Las recomendaciones a los siguientes Ejes: Reformas institucionales, hace real el Estado de Derecho; Reparaciones integrales a las víctimas; Plan Nacional de Sitios de Entierro; y Mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.
Recomendaciones adicionales: La difusión del Informe Final, de modo que todos los peruanos y peruanas puedan acercarse al conocimiento más pleno; el acceso al Informe Final, el acervo documental recogido o producido por la CVR y se promueva la investigación científica y académica; alertar en plazo de 30 días al Ministerio Público abra investigaciones contra los presuntos responsables de los crímenes investigados; a la Defensoría del Pueblo, depositaria del acervo documental, que haga públicos los nombres merecedores de investigación penal; la Sala Nacional contra el Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia de Lima tomar los hallazgos por la CVR a los crímenes por miembros de Sendero Luminoso y el MRTA; exhortar al Estado amnistías, indultos a otras gracias presidenciales marco establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la adopción de medidas administrativas contra los funcionarios públicos que resulten responsables; y dar las seguridades a testigos y víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, mediante un sistema que integre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
[1] Conclusiones (09/1984) "Nunca Más: Informe
de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas". CONADEP.
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html.
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