La concentración del poder y la actitud ilegal e ilegítima son característica de la dictadura institucional en el Ministerio Público durante la gestión del ex fiscal de la Nación en el año 2018
Por: Marco Roncagliolo
La dictadura institucional es “el control por parte de una sola persona de las instituciones y los poderes del Estado, ejercido también de manera arbitraria”. (Rodríguez Garabito, C. (30/06/2008) El Espectador)[1] Controlar la institución es una característica de un sistema que centraliza todo el poder en una persona institucional[2]mediante: La concentración del poder y la supresión de procedimientos democráticos y legítimos.
Anteriormente, en noviembre 1995, el gobierno de Alberto Fujimori en la reforma del sistema judicial creó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público (casi una dictadura institucional); y, en diciembre de 1996, todo el poder quedó en la fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán. La comisión reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Pedro Chávarry era el encargado de la gestión del gobierno de Lima de la Fiscalía desde 1997 y él reportaba directamente a Colán.
La injerencia en el nombramiento de fiscales de la fiscal Colán está claro. Por ejemplo, en junio de 1999, la Federación Médica del Seguro Social programaron una marcha y la policía del general Fernando Gamero solicitó fiscales contra los huelguistas. Como encargado Pedro Chávarry redactó el oficio 1115-99 para la designación de fiscales a su propuesta y después, el 4 de noviembre de 2000, envió el oficio 2950-2000 para el establecer un cuadro de fiscales adjuntos provinciales, el cual fue refrendado por Colán.
El año 2000, la Comisión Ejecutiva del MP era desactivada, Alberto Fujimori renuncia por fax y, el 25 de noviembre, Blanca Nélida Colán renuncia. Al recobrar su competencia el CNM sobre los jueces y fiscales, Pedro Chávarry fue evaluado y, en julio de 2002, el presidente Ricardo La Hoz no lo ratificó ni su título de fiscal. Pero, en marzo de 2009, durante el gobierno aprista, la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, decidió archivar todos los actuados contra Pedro Chávarry.[3]
Las características de una dictadura institucional es la concentración del poder y la supresión de los procedimientos democráticos. La concentración del poder es un sistema en el que se centraliza todo el poder en una figura. Mediante el oficio No. 0007 41-2018-MP-FN, el fiscal de la Nación Pablo Chávarry crea un fiscal de la Nación omnipotente con injerencia directa y control en todas las etapas de la investigación.
Este oficio No. 0007 concentraba el poder en el fiscal de la Nación, quien realizaría la investigación preliminar, calificar inicial y luego instruirá al fiscal supremo que investiga a los alto funcionarios. De ahí, aumentar el período de gestión, esto se logra incrementando de dos a tres años, con dos años prorrogables (Art. 19) Por último, la falta de rendición de cuentas, se restringe la posibilidad de declaración como testigos de los fiscales en cualquier diligencia del Congreso de la República (Art. 7).[4]
La supresión de los procedimientos democráticos es otra característica, definida como los actos de funcionarios que no se ajustan a la Constitución y la leyes. Aplicar atribuciones no establecidas en la Constitución y las leyes es: Lo ilegal e ilegítimo. Lo ilegal ocurrió el año pasado, cuando el fiscal Pablo Chávarry cesó a dos fiscales adjuntos y removió a los miembros del Equipo Lava Jato. A pesar de que la Ley Orgánica del Ministerio Público sólo le da atribuciones para: ejercitar la acción de inconstitucionalidad, las acciones civiles y penales contra altos funcionarios; formular cargos de enriquecimiento contra funcionarios y servidores públicos; y ejercer iniciativa legislativa.[5]
Una era la fiscal adjunta transitoria Érika Rocío Delgado Torres, quien estaba encargada de apoyar al fiscal José Domingo Pérez en la indagación de los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Alan García del 2006. El otro fue el reemplazo de la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla, quien logró que el recurso de casación interpuesto por Keiko Fujimori y Fuerza Popular sea rechazado.[6]
Otro accionar ilegítimo fue cuando Chávarry removió, la noche de año nuevo, a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, al fiscal superior Rafael Vela Barba y al fiscal provincial José Domingo Pérez, quienes investigaban a los líderes Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Alan García del Apra.[7]En su reemplazo nombró a los fiscales Frank Almanza Altamirano y al fiscal provincial Martín Paúcar, pero los cuestionamientos a estos fiscales y las manifestaciones en las calles del Perú hizo que fueran repuestos.
Y la ilegítima, aquello que carece de un requisito para ser considerado como legítimo o legal. Incumplir los requisitos para ser fiscal supremo, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, de: “Gozar de conducta intachable, públicamente reconocida” (Art. 39).[8]
El gozar de conducta intachable fue incumplido, porque IDL-Reporteros publicó el 19 de julio de 2018 dos audios: El primero, donde se escuchaba al abogado César Serrano hablando con el ex juez supremo César Hinostroza, el cual menciona a Chávarry. Y el segundo, donde Hinostroza solicita un certificado a Chávarry de no involucramiento con la corrupción o en escándalos. Ambos audios fueron negados por el ex fiscal de la Nación en más de una oportunidad. [9]
Mientras, gozar de conducta públicamente reconocida fue incumplido. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República reveló que el 67%de los peruanos considera que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no debe continuar el cargo.[10]
Ante la concentración del poder y la actitud ilegal e ilegítima del fiscal de la Nación, Pablo Chávarry, estas características del ex fiscal de la Nación, Pablo Chávarry, hacen más fácil controlar la institución y conformar una dictadura institucional bajo un liderazgo autoritario.
Por eso, el diario La República hace algunas propuestas para reforzar algunas cuestiones esenciales: al Ministerio Público sobre: un blindaje a los fiscales de menor jerarquía ante injerencia de superiores. También, el establecer un reglamento para la elección del fiscal de la Nación para evitar una reunión a puerta cerrada que se basa en la simpatía o el interés. Por último, que los fiscales y personal auxiliar comprendan la importancia de la misión en la sociedad de investigar con las garantía del debido proceso y evitar inconductas funcionales.[11]
[2]https://sites.google.com/site/concentraciondelpoder/
[3]https://peru21.pe/politica/pedro-chavarry-pasado-fiscalia-blanca-nelida-colan-442798
[4]https://docs.google.com/document/d/1kT0EY2P3O3ZUgD_OA2FlH3lZ5_zabWAFoK3ML4jwZcQ/edit#
[5]https://www.mpfn.gob.pe/ley_organica_mpfn/
[6]https://elcomercio.pe/politica/pedro-chavarry-retira-fiscal-equipo-caso-lava-jato-noticia-567320
[7]https://rpp.pe/politica/judiciales/pedro-chavarry-remueve-a-fiscales-rafafel-vela-y-jose-domingo-perez-en-el-caso-lava-jato-noticia-1172602
[8]https://www.mpfn.gob.pe/ley_organica_mpfn/
[9]https://rpp.pe/politica/judiciales/fiscal-cuestionado-una-cronologia-de-la-gestion-de-pedro-chavarry-en-el-ministerio-publico-noticia-1172917
[10]https://larepublica.pe/politica/1363870-pedro-chavarry-encuesta-iep-revela-67-peruanos-piden-deje-cargo-fiscal-nacion
[11]https://larepublica.pe/politica/201656-por-la-recuperacion-del-ministerio-publico
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