Por: Marco Roncagliolo
A veintiséis años del inicio de los procesos sociopolíticos que redefinieron el curso del siglo XXI en Oriente Próximo y el Norte de África, el análisis histórico exige volver la mirada hacia las causas estructurales que detonaron las movilizaciones. Antes de las insurrecciones populares de 2010 y 2011, la región enfrentaba un agudo estancamiento caracterizado por una marcada explosión demográfica juvenil (youth bulge), en la que más del 60% de la población total era menor de 25 años (uj_13800, 2013, p. 74). Este fenómeno demográfico coincidió con las tasas de desempleo juvenil más elevadas del mundo, superando el 25% a nivel regional y registrando cifras críticas en países como Túnez (29,4%), Egipto (26,3%) y Libia (22,1%) (International Labour Organization, 2014, p. 76; uj_13800, 2013, p. 76).
En el caso particular de Túnez, la crisis del mercado laboral afectó de manera desproporcionada a la población con mayor formación académica. Hacia el año 2011, el 43% de las personas en situación de desempleo poseía títulos de educación universitaria o terciaria (International Labour Organization, 2014, p. 77; uj_13800, 2013, p. 77). A esta problemática se sumaron presiones inflacionarias acentuadas en el costo de los alimentos básicos, cuya tasa alcanzó un 6,8% en 2010 (African Development Bank, 2013, p. 106). En el plano político, el régimen autocrático de Zine El Abidine Ben Ali mantuvo un férreo control mediante la represión sistemática, habiendo encarcelado a más de 10,000 opositores políticos durante la década de 1990 y obteniendo una calificación de 6 ("no libre") en las evaluaciones internacionales de derechos políticos y libertades civiles (Alexander, 2011, p. 101; Freedom House, 2011b, p. 103).
Por su parte, Egipto evidenció una distorsión estructural donde la graduación universitaria incrementaba la vulnerabilidad laboral, al punto que los profesionales tenían diez veces más probabilidades de estar desempleados en comparación con quienes poseían únicamente educación primaria (LSE IDEAS, 2012, p. 13). El 32% del total de desempleados contaba con titulación universitaria y el 50% con educación secundaria (International Labour Organization, 2014, p. 77). Esta carencia de oportunidades se entrelazó con el encarecimiento drástico de los alimentos, reflejado en una inflación anual del 19,7% en 2010 para productos básicos y un incremento del 37% en el precio del trigo entre 2007 y 2008 (African Development Bank, 2013, p. 106; LSE IDEAS, 2012, p. 6). Todo ello transcurrió bajo la vigencia de marcos legales autoritarios que contemplaban penas de presidio de hasta 5 años por ejercitar la crítica hacia el presidente Hosni Mubarak (Freedom House, 2011a, p. 102).
En Libia, la economía presentaba una dependencia extrema de la extracción de hidrocarburos, los cuales generaban el 65% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 98% de los ingresos fiscales del Estado en 2010 (Khan & Milbert, 2014, p. 172). A pesar de registrar una de las tasas de suscripción móvil más altas de la región, con 171,5 líneas por cada 100 habitantes (International Telecommunication Union, 2013, p. 87), el régimen de Muammar al-Gaddafi ejerció un control social absoluto que ubicó al país con la peor calificación autocrática posible de 7 ("no libre") y entre los diez peores del mundo en materia de libertad de prensa (Freedom House, 2011a, p. 82; Freedom House, 2011b, p. 103). Este entorno de cerrojo político mantenía a cientos de prisioneros encarcelados arbitrariamente tras haber cumplido sus condenas o haber sido absueltos por los tribunales (Human Rights Watch, 2011c, p. 103).
En Siria, el detonante socioeconómico estuvo fuertemente vinculado al colapso del sector primario. Una intensa y prolongada sequía entre los años 2007 y 2010 destruyó la producción agrícola en las zonas rurales, desencadenando un éxodo masivo de campesinos empobrecidos hacia los centros urbanos sobrepoblados (LSE IDEAS, 2012, p. 38; Dabashi, 2012, p. 242). La inccapacidad del modelo económico estatal para absorber las cohortes de jóvenes producto del auge demográfico de la década de 1980, sumada al estado de emergencia vigente desde 1963 y a una puntuación de 4 sobre 5 en inrespeto a los derechos humanos, consolidó un clima de tensión social generalizada (Global Peace Index, 2010, pp. 32-33; LSE IDEAS, 2012, pp. 37-38).
En Jordania, la condición de Estado con escasez estructural de recursos naturales agudizó el impacto de las fluctuaciones económicas internacionales sobre la población (World Bank, 2013c, p. 126). Los sectores populares y juveniles sufrieron directamente las consecuencias del encarecimiento del costo de vida, provocado principalmente por las alzas en los precios de los combustibles y de los alimentos de primera necesidad a principios de 2011 (Al Jazeera, 2021, p. 301; uj_13800, 2013, p. 1). Este deterioro institucional se reflejó en su clasificación dentro de la categoría de regímenes autoritarios, obteniendo una puntuación de 3,74 sobre 10 en el Índice de Democracia de 2010 (Economist Intelligence Unit, 2010, pp. 32-33).
En los territorios palestinos, las dinámicas de estancamiento económico y la falta de empleo para la juventud estuvieron condicionadas y drásticamente agravadas por el régimen de ocupación militar israelí y la fragmentación territorial (Harari, 2018, p. 234; Dabashi, 2012, p. 311). Pese a que la Autoridad Palestina obtuvo una puntuación de 5,8 sobre 10 en los indicadores de democracia de 2010, la ciudadanía permaneció sujeta a estrictos controles de seguridad, barreras de movilidad física y una cibervigilancia intensiva mediante algoritmos de monitoreo automatizado (Economist Intelligence Unit, 2010, pp. 32-33; Harari, 2018, p. 234).
A pesar de las severas restricciones políticas impuestas en estos países, la penetración de internet y de las tecnologías de la información se convirtió en un factor catalizador indispensable. Para el período 2010-2011, los niveles de acceso a la red fluctuaban significativamente entre las naciones de la región: desde un 14% en Libia, un 27%-28% en Jordania y un 31,4% en Egipto, hasta un 36,8% en Túnez, un 34% en Siria y alcanzando más del 53% en los territorios palestinos (Herkenrath & Knoll, 2011, pp. 32-33; International Telecommunication Union, 2013, p. 89). Aunque plataformas como Facebook presentaban una adopción desigual —con un 17,6% en Túnez, 17% en Jordania, 11% en Palestina, 5,5% en Egipto y menos del 5% en Siria y Libia— y el uso de Twitter era marginal, estos espacios virtuales ofrecieron vías alternativas a la censura estatal (Dubai School of Government, 2011a, pp. 32-33; Dubai School of Government, 2011b, p. 89).
En consecuencia, el ecosistema digital proporcionó la infraestructura comunicacional donde la juventud coordinó movilizaciones, difundió evidencias de abusos policiales y organizó la resistencia frente al autoritarismo (uj_13800, 2013, p. 89; Wikipedia, 2011). La convergencia entre el desempleo estructural, la privación económica, la opresión de regímenes kleptocráticos y la irrupción del espacio cibernético constituyó así la configuración previa a los estallidos sociales de 2010 y 2011 (LSE IDEAS, 2012, p. 8; uj_13800, 2013, p. 76).
El ciclo de levantamientos populares se inició formalmente en Túnez el 17 de diciembre de 2010, tras la inmolación del comerciante ambulante Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid, un acto desesperado que canalizó la indignación colectiva acumulada por la corrupción y la falta de empleo (Al Jazeera, 14/01/2021, p. 2). La denominada "Revolución del Jazmín" se propagó con rapidez hacia los centros urbanos y la capital. Ante la escala masiva de las protestas y la decisión del alto mando militar de no disparar contra la población civil, el presidente Zine El Abidine Ben Ali dimitió y abandonó el país el 14 de enero de 2011, poniendo fin a 23 años de dictadura e iniciando un proceso institucional que condujo a la elección libre de una Asamblea Constituyente en octubre de ese mismo año (Encyclopædia Britannica, 2021; uj_13800, 2013, p. 1).
El triunfo en Túnez sirvió de inspiración directa para los movimientos sociales egipcios, los cuales convocaron el "Día de la Ira" el 25 de enero de 2011 en la plaza Tahrir de El Cairo (Encyclopædia Britannica, 2021). A pesar del bloqueo total de internet ordenado por el gobierno y de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, la persistencia ciudadana forzó al estamento militar a retirar su respaldo al régimen, culminando con la renuncia del presidente Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011 tras tres décadas de mandato (LSE IDEAS, 2012, p. 18; Encyclopædia Britannica, 2021). Sin embargo, tras la convulsa transición administrada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el posterior gobierno de Mohamed Morsi, la polarización política derivó en un golpe de Estado en julio de 2013 que reinstauró un liderazgo militar bajo el general Abdel Fattah al-Sisi (BBC News, 2021, p. 1; uj_13800, 2013, p. 5).
En Libia, la detención del abogado de derechos humanos Fathi Terbil en Bengasi durante febrero de 2011 desencadenó movilizaciones que chocaron de inmediato con la respuesta armada de las fuerzas leales a Muammar al-Gaddafi (uj_13800, 2013, p. 73). A diferencia de lo ocurrido en Túnez o Egipto, el régimen desplegó una represión violenta que transformó la protesta social en un conflicto armado (uj_13800, 2013, p. 166). La posterior aprobación de la Resolución 1973 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la intervención militar de la OTAN facilitaron la toma de Trípoli por las fuerzas rebeldes y la ejecución de Gaddafi en octubre de 2011, concluyendo 42 años de régimen autocrático pero sumiendo a la nación en una profunda fragmentación institucional y enfrentamientos entre milicias (Encyclopædia Britannica, 2021; Middle East Institute, 2021, p. 3).
En el contexto sirio, las manifestaciones prodemocráticas estallaron en marzo de 2011 en la ciudad de Deraa para exigir la renuncia de Bashar al-Assad y el fin de cuatro décadas de gobierno unipartidista del partido Baaz (Encyclopædia Britannica, 2021). La respuesta del Estado consistió en el despliegue masivo de unidades militares y una brutal represión contra los civiles (Encyclopædia Britannica, 2021). La parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU —debido a los vetos ejercidos por Rusia y China— sumada a la proliferación de armamento provocó la escalada del levantamiento hacia una devastadora guerra civil, permitiendo la permanencia del régimen a costa de originar la mayor crisis de desplazados y refugiados de la región (LSE IDEAS, 2012, p. 38; Encyclopædia Britannica, 2021).
Por el contrario, las monarquías y regímenes autoritarios de Argelia y Jordania implementaron estrategias de respuesta preventiva para contener la marea revolucionaria que protestaba por la carestía de los alimentos y el desempleo a principios de 2011 (uj_13800, 2013, p. 1). Ambos gobiernos recurrieron a la distribución de cuantiosos paquetes de subsidios públicos, alzas salariales, la destitución de gabinetes impopulares y la promesa de reformas constitucionales de alcance limitado (Encyclopædia Britannica, 2021; Middle East Institute, 2021, p. 7). Estas concesiones socioeconómicas, combinadas con el temor ciudadano a la inestabilidad armada vivida en países vecinos, permitieron a las élites gobernantes mitigar la indignación popular y evitar la caída inmediata de sus estructuras de poder (LSE IDEAS, 2012, p. 12).
Finalmente, en los territorios palestinos, la ola de indignación regional impulsó a miles de jóvenes a manifestarse para exigir el fin de la división política entre las facciones de Fatah en Cisjordania y Hamás en la Franja de Gaza, así como la reactivación de la lucha democrática por la autodeterminación frente al dominio israelí (Wikipedia, 2011). No obstante, el rígido aparato de seguridad interno y la persistencia de la ocupación impidieron que las movilizaciones desembocaran en una reestructuración de los liderazgos vigentes (Harari, 2018, p. 234).
El impulso transformador originado a principios de la década de 2010 demostró no ser un evento aislado, sino la fase inicial de un proceso histórico continuo de demandas ciudadanas que desencadenó una "segunda ola" de levantamientos en años posteriores. Muestra de ello fue la renuncia en febrero de 2019 del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika tras dos décadas de mandato impulsada por el movimiento Hirak, así como el derrocamiento en Sudán del dictador Omar al-Bashir tras 30 años en el poder (Encyclopædia Britannica, 2021; Harvard Gazette, 2021, p. 2). Evaluado desde la perspectiva del presente año 2026, el principal aprendizaje de esta trayectoria histórica evidencia que la sola deposición de una figura autocrática resulta insuficiente para garantizar una transición democrática duradera si no se acomete una reestructuración profunda de las instituciones del Estado, la erradicación de las redes de patronazgo kleptocrático y la consolidación de un pacto socioeconómico inclusivo (Harvard Gazette, 2021, p. 2; Middle East Institute, 2021, p. 4). Pese a las regresiones autoritarias y las tragedias humanitarias derivadas de diversos conflictos armados, la ruptura del "muro del miedo" redefinió de manera irreversible la conciencia política en el mundo árabe, consolidando las exigencias de trabajo digno, justicia social y libertades fundamentales como un motor permanente de cambio en la región (Harvard Gazette, 2021, p. 2; Middle East Institute, 2021, p. 5).
Referencias
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Alexander, C. (2011). Tunisia: Stability and reform in the modern Maghreb. Routledge.
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Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.
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